En busca de marido extranjero

Mineras canadienses en Lationoamérica - Sangre, saqueo y ganancias (Mayo de 2016)

2016.08.14 15:58 ShaunaDorothy Mineras canadienses en Lationoamérica - Sangre, saqueo y ganancias (Mayo de 2016)

https://archive.is/d0XFz
Espartaco No. 45 Mayo de 2016
El siguiente artículo ha sido traducido de Spartacist Canada No. 186 (otoño de 2015), periódico de la Trotskyist League/Ligue Trotskyste, sección canadiense de la Liga Comunista Internacional.
En la antesala de las elecciones federales [llevadas a cabo el 19 de octubre], los partidos parlamentarios están compitiendo en retórica patriótica sobre cómo Canadá es, o puede ser, “el país más grandioso del mundo”. La brutalidad y la ambición de la industria minera canadiense, especialmente en América Latina, expone como un completo fraude la noción de Canadá como una potencia benévola en la escena mundial.
Las corporaciones mineras canadienses ven a Latinoamérica como su versión particular de El Dorado. En el espíritu de los primeros conquistadores, sostienen sus grandes ganancias con asesinatos, desapariciones y tortura de aquéllos que se interponen en su camino, destruyendo comunidades enteras y desposeyendo a los pueblos indígenas. El año pasado, Shin Imai, un abogado del proyecto Justice and Corporate Accountability [Justicia y Rendición de Cuentas Empresarial], declaró: “Nuestro conteo preliminar muestra que en los últimos años, al menos 50 personas han sido asesinadas y unas 300 han sido heridas en conflictos mineros que involucran a compañías canadienses” (Inter Press Service, 31 de octubre de 2014). Para citar sólo algunos ejemplos:
El Salvador, 2009: El cuerpo de Marcelo Rivera fue hallado con signos de tortura en el fondo de un pozo; Ramiro Rivera murió cuando su auto fue tiroteado en una emboscada; Dora “Alicia” Sorto tenía ocho meses de embarazo cuando la mataron a balazos. Los tres se oponían a la compañía minera de propiedad canadiense Pacific Rim.
México, 2012: En Chihuahua mataron a tiros a la pareja de esposos que había dirigido las protestas contra la mina Cascabel, propiedad de MAG Silver de Vancouver. El marido, Ismael, ya había sido golpeado por empleados de la compañía minera. En Oaxaca, Bernardo Méndez recibió siete balazos mientras protestaba cerca de la mina Cuzcatlán, propiedad de la compañía Fortuna con sede en Vancouver.
Guatemala, 2014: Topacio Reynoso, de 16 años, murió baleado y su padre Alex fue gravemente herido. Ambos eran líderes comunitarios de Mataquescuintla, Jalapa, y oponentes activos de la mina de Escobal, de la compañía Tahoe Resources con sede en Vancouver. Según MiningWatch Canada, en esa área miles de familias han sufrido violencia y represión por oponerse a la mina de Tahoe.
Estos brutales crímenes no son sino la punta del iceberg. La violenta expoliación que Canadá lleva a cabo en esta región ilustra perfectamente cómo funciona el capitalismo imperialista, un sistema económico basado en la conquista o el dominio del mundo semicolonial por materias primas, mercados, mano de obra barata y esferas de influencia. Para los marxistas, esto también demuestra cómo el estado capitalista canadiense es un instrumento de violencia organizada, que se usa para impulsar internacionalmente la explotación y el saqueo imperialista, así como para imponer la explotación de los obreros en casa.
El sector minero canadiense es uno de los más grandes al nivel global. El 75 por ciento de las compañías mineras del mundo tienen aquí sus cuarteles generales. Esto se debe en gran medida a que tiene una de las tasas de impuesto corporativo más bajas del grupo G7 de potencias imperialistas, así como un sector de valores destinado a promover la minería. Con su clima de impunidad y sus generosos subsidios públicos, que se otorgan sin hacer demasiadas preguntas, Canadá es, en palabras del Guardian de Londres “el paraíso de la industria minera global” (24 de abril de 2013).
Canadá tiene mil 500 proyectos mineros en Latinoamérica, donde el 41 por ciento de las grandes compañías mineras operan bajo su bandera. El pillaje imperialista de estos países —y la brutal represión que implica— es una empresa conjunta entre las venales burguesías locales y sus patrones imperialistas, especialmente de Estados Unidos, pero también de potencias secundarias como Canadá. En esta división del trabajo, los imperialistas subcontratan las fuerzas militares, la policía y los escuadrones de la muerte de los gobernantes locales para asegurar que no se detenga el flujo de ganancia.
Guatemala: Bajo la bota imperialista
La minería canadiense en Guatemala tiene una historia particularmente larga y violenta, enraizada en décadas de saqueo por parte de los imperialistas estadounidenses. Para defender sus “intereses”, Estados Unidos ha patrocinado un régimen de escuadrones de la muerte tras otro. Durante una campaña de 36 años que empezó en 1960 contra una insurgencia guerrillera de izquierda, 200 mil personas —sobre todo campesinos mayas— fueron asesinadas y otras 45 mil “desaparecidas”. Aquel año, el gigante minero canadiense Inco comenzó a operar en Guatemala, a pesar de que la minería a cielo abierto estaba prohibida. Además, los insurgentes izquierdistas tenían su base de operaciones cerca del pueblo de El Estor, departamento de Izabal, donde Inco quería construir su mina de níquel a cielo abierto.
Un informe de la Universidad de York fechado en 2012, redactado por Shin Imai y dos colegas, titulado “Rendición de cuentas a través de las fronteras: La minería en Guatemala y el sistema de justicia canadiense”, documentó cómo el gobierno del régimen militar le resolvió sus problemas a Inco. Se redactó un código de minería favorable a Inco que permitía la “minería a cielo abierto” y se le concedieron generosos descuentos fiscales y un contrato por 40 años. Sobre todo, consiguió la “estabilidad” que exigía gracias al reino del terror que impuso el ejército guatemalteco. Para abrir el camino a esta mina de Inco, los pobladores indígenas fueron expulsados y entre 3 mil y 6 mil fueron asesinados.
La mina de Inco cerró en 1982 cuando cayó el precio del níquel. En 2004, otra compañía canadiense, Skye Resources, compró la mina, ahora llamada Fénix. Para los agricultores mayas que poco a poco habían empezado a reocupar el área, esto significó una ola renovada de violencia. Sirviendo a los intereses de Skye Resources, la policía y el ejército llevaron a cabo actos de gran brutalidad, incluyendo desalojos e incendios de viviendas. Entre los más horribles estuvo la violación tumultuaria de once mujeres de la comunidad maya Q’eqchi’ por parte de policías y guardias de seguridad de Fénix. Cuando la compañía Hudbay, de Toronto, compró la mina en 2008, la violencia no cesó, y los patrones mineros continuaron la expulsión de los habitantes. En 2009, los matones de seguridad de la Guatemalan Nickel Company (propiedad de Hudbay) dispararon contra los manifestantes. Un hombre fue asesinado y otro quedó paralítico. Actualmente, los tribunales canadienses están juzgando casos que involucran estos tiroteos y las violaciones tumultuarias.
Todo tiene su precio
El gobierno capitalista canadiense está profundamente entrelazado con las corporaciones mineras, a las que apoya política y financieramente. Para ello moviliza a sus embajadas, diplomáticos, ministros de gabinete y mercenarios de las firmas legales de Bay Street [centro financiero canadiense]. Sus servicios incluyen el chantaje, la intimidación económica y legal y el encubrimiento.
En México, con más de 230 explotaciones mineras canadienses, la lista de fuerzas que hay detrás de la violencia contra los líderes comunitarios y los oponentes de la minería parece el directorio de la industria minera. Los bien documentados crímenes de estas compañías no han impedido que Ottawa continúe dando apoyo incondicional a la industria. Entre los más infames está la compañía Blackfire, de Calgary, a cuyo servicio la embajada canadiense emprendió una intensa campaña de presión ante el gobierno estatal de Chiapas. Un agradecido ejecutivo de Blackfire reconoció esto en un correo electrónico fechado en septiembre de 2008 dirigido a los funcionarios de la embajada, a quienes agradecía por todo “lo que la embajada ha hecho para presionar al gobierno estatal para que nos facilitara las cosas. No hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda” (Toronto Star, 8 de diciembre de 2014).
Tras el asesinato de Mariano Abarca en noviembre de 2009, Ottawa volvió a acudir en ayuda de Blackfire. Abarca era un líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que había protestado por la contaminación de los ríos y la destrucción de ganado y cosechas que la mina de Blackfire provocaba. Él sabía que estaba en la mira y había advertido: “Si algo me pasa, responsabilizo a la compañía canadiense Blackfire”. Poco después, la gobernadora general Michaëlle Jean y Peter Kent, ministro tory [conservador] del gabinete, fueron a Chiapas a controlar el daño. Ante los manifestantes enfurecidos, Jean parloteó sobre la “justicia” mientras Kent cínicamente afirmaba que las compañías canadienses en México “se consideran y reconocen prácticamente como modelos de empresas socialmente responsables”.
Los tories usan los fondos de la “ayuda al exterior” para apoyar “iniciativas comunitarias” ligadas a los proyectos mineros. Perú, uno de los países más ricos en minerales de la región, es uno de los destinatarios de esos fondos. Unos míseros 53 millones de dólares canadienses irán a “proyectos de desarrollo” de áreas con operaciones mineras canadienses, abriendo la puerta al saqueo de miles de millones de dólares en riqueza mineral por parte de esas empresas. Un tratado de libre comercio entre Canadá y Perú ha abierto todavía más al país a las incursiones de las compañías mineras.
La redituable relación triangular entre la industria minera y los gobiernos canadiense y peruano ha generado una represión sangrienta. Según declaró Rosa Huamán, dirigente comunitaria del norte de Perú, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2014, “el gobierno ha instalado un puesto de policía que sigue nuestras actividades y le rinde informes a la compañía minera y al gobierno” (Georgia Straight, 5 de diciembre de 2014). En 2011, al menos cuatro personas fueron asesinadas y 24 resultaron heridas en protestas contra una mina de plata propiedad de la Bear Creek Mining Corp. de British Columbia. Dos años después, unos 25 manifestantes contra la Candente Copper Corporation de Vancouver resultaron heridos en choques con la policía. En noviembre, cuando más de 400 manifestantes cerraron la construcción de una mina de cobre de Hudbay en los Andes del sur peruano, la policía peruana atacó a una docena de mujeres que se encontraban sentadas ante la entrada principal de las instalaciones.
En este contexto, a finales de 2014 Canadá develó una versión recalentada de su “Estrategia Empresarial de Responsabilidad Social” para la industria minera de 2009. Su objetivo era proyectar la imagen de un gobierno que supuestamente ya no le haría el juego a las pocas manzanas podridas que no cumplen con sus altos estándares. No son más que trucos de ilusionista, destinados a apaciguar a los críticos y engañar a los crédulos. En efecto, un reportero de CBC dio en el clavo al describir su objetivo: “aumentar las posibilidades de nuevos negocios de nuestras compañías de recursos en el extranjero” (14 de noviembre de 2014).
Ilusiones liberales en el capitalismo canadiense
Bajo los tories de Harper, la clase dominante canadiense se deshizo de la imagen de “Canadá la buena”. Sin embargo, el NDP [el socialdemócrata Nuevo Partido Demócrata] sigue alimentando este mito autocomplaciente. Por su parte, el sindicato acerero United Steelworkers busca presionar al gobierno en Ottawa para hacer que las compañías mineras estén sujetas a los tribunales canadienses, mientras que MiningWatch Canada ofrece panaceas liberales respecto a “asegurar que las empresas rindan cuentas”. Pero la verdadera justicia y la verdadera “rendición de cuentas” no pueden venir de los tribunales de los gobernantes capitalistas. Existe también el mito relacionado de que las fechorías sangrientas que Canadá perpetra en el extranjero son anomalías de ese país por lo demás tan bien educado. Ése fue el espíritu detrás de la asombrosa declaración de Murray Klippenstein, el abogado de Toronto en el caso de los guatemaltecos contra Hudbay, de que “jamás toleraríamos esos abusos en Canadá”.
Por el contrario, cuando la población nativa de Canadá intenta resistir —en Oka, Quebec, en Gustafsen Lake, B.C. o más recientemente en Rexton, N.B., donde el pueblo mi’kmaq intentó impedir la extracción de petróleo por medio de fracking en sus tierras sin su consentimiento— lo típico es que se encuentren con una represión policiaca masiva. Mientras De Beers extrae gigantescas ganancias de su mina de diamantes en el noreste de Ontario, el pueblo de la cercana Attawapiskat, donde el desempleo llega al 70 por ciento, no obtiene más que migajas. En Canadá y Estados Unidos, tanto como en los países al sur del Río Bravo, la vida aborigen se mide en pobreza, violencia policiaca, racismo y robo. La idea de que los imperialistas de éste o cualquier otro país puedan ser presionados para servir a los intereses de los oprimidos es ilusoria.
El imperialismo no es simplemente una política reaccionaria que adoptan los gobiernos derechistas, sino un sistema global enraizado en la sed capitalista de ganancias. En 1916, el dirigente revolucionario V.I. Lenin señaló en El imperialismo, fase superior del capitalismo, que “el imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero” y “ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes”. Un reducido club de potencias imperialistas ricas subordina y oprime a la vasta mayoría de la población mundial. Los países dependientes, como los latinoamericanos, “que desde un punto de vista formal, político, gozan de independencia”, “en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática”. La historia de todo el resto del siglo, incluyendo dos guerras interimperialistas por la redivisión del mundo e incontables aventuras coloniales, confirman ampliamente las palabras de Lenin.
¡Por la revolución socialista en toda América!
Las operaciones mineras de la clase dominante canadiense han causado un sufrimiento extremo a las poblaciones indígenas de Latinoamérica. Nosotros defendemos vehementemente a esos pueblos contra las depredadoras compañías extractivas y sus mercenarios, así como contra las clases dominantes de la región.
Creemos que la gran riqueza mineral de Latinoamérica le pertenece a las masas trabajadoras, y en primer lugar a los obreros de la región. Bajo una economía socialista racionalmente planificada, estos recursos se usarían para erradicar el hambre y la pobreza en una sociedad de abundancia generalizada. Cuando la clase obrera gobierne toda América, el saqueo de recursos, irracional y dirigido a la ganancia, terminará y esa riqueza quedará sometida a las decisiones igualitarias y racionales de los trabajadores.
Esta perspectiva requiere de la lucha de clases internacional. En lugar de ello, los dirigentes sindicales canadienses promueven el nacionalismo de la hoja de maple, poniendo a los obreros de aquí contra sus hermanos y hermanas de otros países. Cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1991, las secciones mexicana, estadounidense y canadiense de la Liga Comunista Internacional emitimos una declaración conjunta llamando a “Alto al TLC, rapiña a México por el imperialismo EE.UU.”. Ahí explicamos que el imperialismo estadounidense quería “convertir a México en una maquiladora gigantesca, una zona franca para el ‘libre comercio’—‘libre’ de sindicatos y ‘libre’ para el capital” (Espartaco No. 2, verano-otoño de 1991). En cambio, las diatribas nacional-chovinistas que los burócratas sindicales dirigían al TLCAN servían para poner a los obreros estadounidenses y canadienses los unos contra los otros y a ambos en contra de sus hermanos y hermanas de clase mexicanos. Durante las dos últimas décadas, el TLCAN ha significado mayores ganancias y más poder para los gobernantes estadounidenses y sus socios menores canadienses mediante la sobreexplotación de los obreros mexicanos y la ruina económica de los campesinos mexicanos.
La necesidad de la lucha unida de los obreros al nivel internacional proviene directamente de la naturaleza global de la industria minera. Al igual que los mineros de Canadá, los de Latinoamérica se ven obligados a trabajar por necesidad, vendiendo su fuerza de trabajo. Los obreros que trabajan en las minas —en Canadá, México, Guatemala, Perú y el resto del mundo— tienen un enorme poder social potencial para dirigir a todos los oprimidos en la lucha anticapitalista. Las ganancias de miles de millones que afluyen a los bolsillos de los patrones mineros, cualquiera que sea su nacionalidad, provienen de la plusvalía que generan los obreros que extraen el mineral y lo envían a los puertos para su exportación.
En Perú, donde la minería representa hasta el quince por ciento del PIB, decenas de miles de obreros de la Federación Minera del Perú se fueron a huelga en mayo contra la subcontratación y una medida que permitiría despidos masivos si las compañías mineras reportan pérdidas. Ante la amenaza del despido, la huelga fue breve y de carácter limitado. Sin embargo, señaló el poder potencialmente inmenso que tienen estos obreros para interrumpir las ganancias capitalistas. Históricamente, de Chile y Bolivia hasta el norte de México, las luchas de los mineros de América Latina han estado entre las más combativas y las que han tenido mayores alcances.
En toda la región, una intensa pobreza coexiste lado a lado con una fabulosa riqueza, expresión del desarrollo desigual y combinado. Las burguesías nacionales dependen totalmente del imperialismo y son incapaces de llevar a cabo la modernización económica de la sociedad. Surcado por fronteras artificiales, el dominio burgués en la mayor parte de Latinoamérica ha alternado entre juntas militares sanguinarias y diversas formas de populismo burgués, en general apoyadas por la izquierda.
En vez de fantasear con que la burguesía del propio país oprimido, atrasada y dependiente del imperialismo, sea el vehículo de la liberación, nosotros luchamos por la perspectiva de la revolución permanente, desarrollada originalmente por el líder marxista León Trotsky. La solución completa y genuina de las tareas de conseguir la democracia y la emancipación nacional en los países de Latinoamérica sólo puede darse con el poder de la clase obrera al frente de toda la nación subyugada, especialmente de las masas campesinas indígenas. Al tomar el poder, la clase obrera no podrá detenerse en las tareas democráticas, sino que deberá continuar inmediatamente con las socialistas, incluyendo la expropiación de la burguesía como clase, la colectivización y la planificación económica. Para sobrevivir y florecer, esas revoluciones deberán extenderse a los centros del imperialismo mundial, señalando la necesaria perspectiva de la revolución obrera en Estados Unidos y Canadá.
La LCI lucha por construir partidos obreros revolucionarios e internacionalistas —parte de una IV Internacional reforjada—que vinculen las luchas obreras de las semicolonias con las de los países imperialistas. Esta perspectiva, que Trotsky señaló en “La guerra y la Cuarta Internacional” (1934) conserva hoy toda su fuerza:
“Sud y Centroamérica sólo podrán liquidar el atraso y la esclavitud uniendo sus estados en una única y poderosa federación. Pero no será la atrasada burguesía sudamericana, agencia totalmente venal del imperialismo extranjero, quien cumplirá esta tarea, sino el joven proletariado sudamericano, llamado a dirigir a las masas oprimidas. Por lo tanto, la consigna que debe guiar la lucha contra la violencia y las intrigas del imperialismo mundial y contra la sangrienta dominación de las camarillas compradoras nativas es Por los estados unidos soviéticos de Sud y Centroamérica.
“En todos lados el problema nacional se mezcla con el social. Sólo la conquista del poder por el proletariado mundial garantizará la paz real y duradera para todas las naciones del planeta”.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/45/mineras.html
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2016.06.07 03:58 ShaunaDorothy Mineras canadienses en Lationoamérica - Sangre, saqueo y ganancias (Mayo de 2016)

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Espartaco No. 45 Mayo de 2016
El siguiente artículo ha sido traducido de Spartacist Canada No. 186 (otoño de 2015), periódico de la Trotskyist League/Ligue Trotskyste, sección canadiense de la Liga Comunista Internacional.
En la antesala de las elecciones federales [llevadas a cabo el 19 de octubre], los partidos parlamentarios están compitiendo en retórica patriótica sobre cómo Canadá es, o puede ser, “el país más grandioso del mundo”. La brutalidad y la ambición de la industria minera canadiense, especialmente en América Latina, expone como un completo fraude la noción de Canadá como una potencia benévola en la escena mundial.
Las corporaciones mineras canadienses ven a Latinoamérica como su versión particular de El Dorado. En el espíritu de los primeros conquistadores, sostienen sus grandes ganancias con asesinatos, desapariciones y tortura de aquéllos que se interponen en su camino, destruyendo comunidades enteras y desposeyendo a los pueblos indígenas. El año pasado, Shin Imai, un abogado del proyecto Justice and Corporate Accountability [Justicia y Rendición de Cuentas Empresarial], declaró: “Nuestro conteo preliminar muestra que en los últimos años, al menos 50 personas han sido asesinadas y unas 300 han sido heridas en conflictos mineros que involucran a compañías canadienses” (Inter Press Service, 31 de octubre de 2014). Para citar sólo algunos ejemplos:
El Salvador, 2009: El cuerpo de Marcelo Rivera fue hallado con signos de tortura en el fondo de un pozo; Ramiro Rivera murió cuando su auto fue tiroteado en una emboscada; Dora “Alicia” Sorto tenía ocho meses de embarazo cuando la mataron a balazos. Los tres se oponían a la compañía minera de propiedad canadiense Pacific Rim.
México, 2012: En Chihuahua mataron a tiros a la pareja de esposos que había dirigido las protestas contra la mina Cascabel, propiedad de MAG Silver de Vancouver. El marido, Ismael, ya había sido golpeado por empleados de la compañía minera. En Oaxaca, Bernardo Méndez recibió siete balazos mientras protestaba cerca de la mina Cuzcatlán, propiedad de la compañía Fortuna con sede en Vancouver.
Guatemala, 2014: Topacio Reynoso, de 16 años, murió baleado y su padre Alex fue gravemente herido. Ambos eran líderes comunitarios de Mataquescuintla, Jalapa, y oponentes activos de la mina de Escobal, de la compañía Tahoe Resources con sede en Vancouver. Según MiningWatch Canada, en esa área miles de familias han sufrido violencia y represión por oponerse a la mina de Tahoe.
Estos brutales crímenes no son sino la punta del iceberg. La violenta expoliación que Canadá lleva a cabo en esta región ilustra perfectamente cómo funciona el capitalismo imperialista, un sistema económico basado en la conquista o el dominio del mundo semicolonial por materias primas, mercados, mano de obra barata y esferas de influencia. Para los marxistas, esto también demuestra cómo el estado capitalista canadiense es un instrumento de violencia organizada, que se usa para impulsar internacionalmente la explotación y el saqueo imperialista, así como para imponer la explotación de los obreros en casa.
El sector minero canadiense es uno de los más grandes al nivel global. El 75 por ciento de las compañías mineras del mundo tienen aquí sus cuarteles generales. Esto se debe en gran medida a que tiene una de las tasas de impuesto corporativo más bajas del grupo G7 de potencias imperialistas, así como un sector de valores destinado a promover la minería. Con su clima de impunidad y sus generosos subsidios públicos, que se otorgan sin hacer demasiadas preguntas, Canadá es, en palabras del Guardian de Londres “el paraíso de la industria minera global” (24 de abril de 2013).
Canadá tiene mil 500 proyectos mineros en Latinoamérica, donde el 41 por ciento de las grandes compañías mineras operan bajo su bandera. El pillaje imperialista de estos países —y la brutal represión que implica— es una empresa conjunta entre las venales burguesías locales y sus patrones imperialistas, especialmente de Estados Unidos, pero también de potencias secundarias como Canadá. En esta división del trabajo, los imperialistas subcontratan las fuerzas militares, la policía y los escuadrones de la muerte de los gobernantes locales para asegurar que no se detenga el flujo de ganancia.
Guatemala: Bajo la bota imperialista
La minería canadiense en Guatemala tiene una historia particularmente larga y violenta, enraizada en décadas de saqueo por parte de los imperialistas estadounidenses. Para defender sus “intereses”, Estados Unidos ha patrocinado un régimen de escuadrones de la muerte tras otro. Durante una campaña de 36 años que empezó en 1960 contra una insurgencia guerrillera de izquierda, 200 mil personas —sobre todo campesinos mayas— fueron asesinadas y otras 45 mil “desaparecidas”. Aquel año, el gigante minero canadiense Inco comenzó a operar en Guatemala, a pesar de que la minería a cielo abierto estaba prohibida. Además, los insurgentes izquierdistas tenían su base de operaciones cerca del pueblo de El Estor, departamento de Izabal, donde Inco quería construir su mina de níquel a cielo abierto.
Un informe de la Universidad de York fechado en 2012, redactado por Shin Imai y dos colegas, titulado “Rendición de cuentas a través de las fronteras: La minería en Guatemala y el sistema de justicia canadiense”, documentó cómo el gobierno del régimen militar le resolvió sus problemas a Inco. Se redactó un código de minería favorable a Inco que permitía la “minería a cielo abierto” y se le concedieron generosos descuentos fiscales y un contrato por 40 años. Sobre todo, consiguió la “estabilidad” que exigía gracias al reino del terror que impuso el ejército guatemalteco. Para abrir el camino a esta mina de Inco, los pobladores indígenas fueron expulsados y entre 3 mil y 6 mil fueron asesinados.
La mina de Inco cerró en 1982 cuando cayó el precio del níquel. En 2004, otra compañía canadiense, Skye Resources, compró la mina, ahora llamada Fénix. Para los agricultores mayas que poco a poco habían empezado a reocupar el área, esto significó una ola renovada de violencia. Sirviendo a los intereses de Skye Resources, la policía y el ejército llevaron a cabo actos de gran brutalidad, incluyendo desalojos e incendios de viviendas. Entre los más horribles estuvo la violación tumultuaria de once mujeres de la comunidad maya Q’eqchi’ por parte de policías y guardias de seguridad de Fénix. Cuando la compañía Hudbay, de Toronto, compró la mina en 2008, la violencia no cesó, y los patrones mineros continuaron la expulsión de los habitantes. En 2009, los matones de seguridad de la Guatemalan Nickel Company (propiedad de Hudbay) dispararon contra los manifestantes. Un hombre fue asesinado y otro quedó paralítico. Actualmente, los tribunales canadienses están juzgando casos que involucran estos tiroteos y las violaciones tumultuarias.
Todo tiene su precio
El gobierno capitalista canadiense está profundamente entrelazado con las corporaciones mineras, a las que apoya política y financieramente. Para ello moviliza a sus embajadas, diplomáticos, ministros de gabinete y mercenarios de las firmas legales de Bay Street [centro financiero canadiense]. Sus servicios incluyen el chantaje, la intimidación económica y legal y el encubrimiento.
En México, con más de 230 explotaciones mineras canadienses, la lista de fuerzas que hay detrás de la violencia contra los líderes comunitarios y los oponentes de la minería parece el directorio de la industria minera. Los bien documentados crímenes de estas compañías no han impedido que Ottawa continúe dando apoyo incondicional a la industria. Entre los más infames está la compañía Blackfire, de Calgary, a cuyo servicio la embajada canadiense emprendió una intensa campaña de presión ante el gobierno estatal de Chiapas. Un agradecido ejecutivo de Blackfire reconoció esto en un correo electrónico fechado en septiembre de 2008 dirigido a los funcionarios de la embajada, a quienes agradecía por todo “lo que la embajada ha hecho para presionar al gobierno estatal para que nos facilitara las cosas. No hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda” (Toronto Star, 8 de diciembre de 2014).
Tras el asesinato de Mariano Abarca en noviembre de 2009, Ottawa volvió a acudir en ayuda de Blackfire. Abarca era un líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que había protestado por la contaminación de los ríos y la destrucción de ganado y cosechas que la mina de Blackfire provocaba. Él sabía que estaba en la mira y había advertido: “Si algo me pasa, responsabilizo a la compañía canadiense Blackfire”. Poco después, la gobernadora general Michaëlle Jean y Peter Kent, ministro tory [conservador] del gabinete, fueron a Chiapas a controlar el daño. Ante los manifestantes enfurecidos, Jean parloteó sobre la “justicia” mientras Kent cínicamente afirmaba que las compañías canadienses en México “se consideran y reconocen prácticamente como modelos de empresas socialmente responsables”.
Los tories usan los fondos de la “ayuda al exterior” para apoyar “iniciativas comunitarias” ligadas a los proyectos mineros. Perú, uno de los países más ricos en minerales de la región, es uno de los destinatarios de esos fondos. Unos míseros 53 millones de dólares canadienses irán a “proyectos de desarrollo” de áreas con operaciones mineras canadienses, abriendo la puerta al saqueo de miles de millones de dólares en riqueza mineral por parte de esas empresas. Un tratado de libre comercio entre Canadá y Perú ha abierto todavía más al país a las incursiones de las compañías mineras.
La redituable relación triangular entre la industria minera y los gobiernos canadiense y peruano ha generado una represión sangrienta. Según declaró Rosa Huamán, dirigente comunitaria del norte de Perú, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2014, “el gobierno ha instalado un puesto de policía que sigue nuestras actividades y le rinde informes a la compañía minera y al gobierno” (Georgia Straight, 5 de diciembre de 2014). En 2011, al menos cuatro personas fueron asesinadas y 24 resultaron heridas en protestas contra una mina de plata propiedad de la Bear Creek Mining Corp. de British Columbia. Dos años después, unos 25 manifestantes contra la Candente Copper Corporation de Vancouver resultaron heridos en choques con la policía. En noviembre, cuando más de 400 manifestantes cerraron la construcción de una mina de cobre de Hudbay en los Andes del sur peruano, la policía peruana atacó a una docena de mujeres que se encontraban sentadas ante la entrada principal de las instalaciones.
En este contexto, a finales de 2014 Canadá develó una versión recalentada de su “Estrategia Empresarial de Responsabilidad Social” para la industria minera de 2009. Su objetivo era proyectar la imagen de un gobierno que supuestamente ya no le haría el juego a las pocas manzanas podridas que no cumplen con sus altos estándares. No son más que trucos de ilusionista, destinados a apaciguar a los críticos y engañar a los crédulos. En efecto, un reportero de CBC dio en el clavo al describir su objetivo: “aumentar las posibilidades de nuevos negocios de nuestras compañías de recursos en el extranjero” (14 de noviembre de 2014).
Ilusiones liberales en el capitalismo canadiense
Bajo los tories de Harper, la clase dominante canadiense se deshizo de la imagen de “Canadá la buena”. Sin embargo, el NDP [el socialdemócrata Nuevo Partido Demócrata] sigue alimentando este mito autocomplaciente. Por su parte, el sindicato acerero United Steelworkers busca presionar al gobierno en Ottawa para hacer que las compañías mineras estén sujetas a los tribunales canadienses, mientras que MiningWatch Canada ofrece panaceas liberales respecto a “asegurar que las empresas rindan cuentas”. Pero la verdadera justicia y la verdadera “rendición de cuentas” no pueden venir de los tribunales de los gobernantes capitalistas. Existe también el mito relacionado de que las fechorías sangrientas que Canadá perpetra en el extranjero son anomalías de ese país por lo demás tan bien educado. Ése fue el espíritu detrás de la asombrosa declaración de Murray Klippenstein, el abogado de Toronto en el caso de los guatemaltecos contra Hudbay, de que “jamás toleraríamos esos abusos en Canadá”.
Por el contrario, cuando la población nativa de Canadá intenta resistir —en Oka, Quebec, en Gustafsen Lake, B.C. o más recientemente en Rexton, N.B., donde el pueblo mi’kmaq intentó impedir la extracción de petróleo por medio de fracking en sus tierras sin su consentimiento— lo típico es que se encuentren con una represión policiaca masiva. Mientras De Beers extrae gigantescas ganancias de su mina de diamantes en el noreste de Ontario, el pueblo de la cercana Attawapiskat, donde el desempleo llega al 70 por ciento, no obtiene más que migajas. En Canadá y Estados Unidos, tanto como en los países al sur del Río Bravo, la vida aborigen se mide en pobreza, violencia policiaca, racismo y robo. La idea de que los imperialistas de éste o cualquier otro país puedan ser presionados para servir a los intereses de los oprimidos es ilusoria.
El imperialismo no es simplemente una política reaccionaria que adoptan los gobiernos derechistas, sino un sistema global enraizado en la sed capitalista de ganancias. En 1916, el dirigente revolucionario V.I. Lenin señaló en El imperialismo, fase superior del capitalismo, que “el imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero” y “ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes”. Un reducido club de potencias imperialistas ricas subordina y oprime a la vasta mayoría de la población mundial. Los países dependientes, como los latinoamericanos, “que desde un punto de vista formal, político, gozan de independencia”, “en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática”. La historia de todo el resto del siglo, incluyendo dos guerras interimperialistas por la redivisión del mundo e incontables aventuras coloniales, confirman ampliamente las palabras de Lenin.
¡Por la revolución socialista en toda América!
Las operaciones mineras de la clase dominante canadiense han causado un sufrimiento extremo a las poblaciones indígenas de Latinoamérica. Nosotros defendemos vehementemente a esos pueblos contra las depredadoras compañías extractivas y sus mercenarios, así como contra las clases dominantes de la región.
Creemos que la gran riqueza mineral de Latinoamérica le pertenece a las masas trabajadoras, y en primer lugar a los obreros de la región. Bajo una economía socialista racionalmente planificada, estos recursos se usarían para erradicar el hambre y la pobreza en una sociedad de abundancia generalizada. Cuando la clase obrera gobierne toda América, el saqueo de recursos, irracional y dirigido a la ganancia, terminará y esa riqueza quedará sometida a las decisiones igualitarias y racionales de los trabajadores.
Esta perspectiva requiere de la lucha de clases internacional. En lugar de ello, los dirigentes sindicales canadienses promueven el nacionalismo de la hoja de maple, poniendo a los obreros de aquí contra sus hermanos y hermanas de otros países. Cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1991, las secciones mexicana, estadounidense y canadiense de la Liga Comunista Internacional emitimos una declaración conjunta llamando a “Alto al TLC, rapiña a México por el imperialismo EE.UU.”. Ahí explicamos que el imperialismo estadounidense quería “convertir a México en una maquiladora gigantesca, una zona franca para el ‘libre comercio’—‘libre’ de sindicatos y ‘libre’ para el capital” (Espartaco No. 2, verano-otoño de 1991). En cambio, las diatribas nacional-chovinistas que los burócratas sindicales dirigían al TLCAN servían para poner a los obreros estadounidenses y canadienses los unos contra los otros y a ambos en contra de sus hermanos y hermanas de clase mexicanos. Durante las dos últimas décadas, el TLCAN ha significado mayores ganancias y más poder para los gobernantes estadounidenses y sus socios menores canadienses mediante la sobreexplotación de los obreros mexicanos y la ruina económica de los campesinos mexicanos.
La necesidad de la lucha unida de los obreros al nivel internacional proviene directamente de la naturaleza global de la industria minera. Al igual que los mineros de Canadá, los de Latinoamérica se ven obligados a trabajar por necesidad, vendiendo su fuerza de trabajo. Los obreros que trabajan en las minas —en Canadá, México, Guatemala, Perú y el resto del mundo— tienen un enorme poder social potencial para dirigir a todos los oprimidos en la lucha anticapitalista. Las ganancias de miles de millones que afluyen a los bolsillos de los patrones mineros, cualquiera que sea su nacionalidad, provienen de la plusvalía que generan los obreros que extraen el mineral y lo envían a los puertos para su exportación.
En Perú, donde la minería representa hasta el quince por ciento del PIB, decenas de miles de obreros de la Federación Minera del Perú se fueron a huelga en mayo contra la subcontratación y una medida que permitiría despidos masivos si las compañías mineras reportan pérdidas. Ante la amenaza del despido, la huelga fue breve y de carácter limitado. Sin embargo, señaló el poder potencialmente inmenso que tienen estos obreros para interrumpir las ganancias capitalistas. Históricamente, de Chile y Bolivia hasta el norte de México, las luchas de los mineros de América Latina han estado entre las más combativas y las que han tenido mayores alcances.
En toda la región, una intensa pobreza coexiste lado a lado con una fabulosa riqueza, expresión del desarrollo desigual y combinado. Las burguesías nacionales dependen totalmente del imperialismo y son incapaces de llevar a cabo la modernización económica de la sociedad. Surcado por fronteras artificiales, el dominio burgués en la mayor parte de Latinoamérica ha alternado entre juntas militares sanguinarias y diversas formas de populismo burgués, en general apoyadas por la izquierda.
En vez de fantasear con que la burguesía del propio país oprimido, atrasada y dependiente del imperialismo, sea el vehículo de la liberación, nosotros luchamos por la perspectiva de la revolución permanente, desarrollada originalmente por el líder marxista León Trotsky. La solución completa y genuina de las tareas de conseguir la democracia y la emancipación nacional en los países de Latinoamérica sólo puede darse con el poder de la clase obrera al frente de toda la nación subyugada, especialmente de las masas campesinas indígenas. Al tomar el poder, la clase obrera no podrá detenerse en las tareas democráticas, sino que deberá continuar inmediatamente con las socialistas, incluyendo la expropiación de la burguesía como clase, la colectivización y la planificación económica. Para sobrevivir y florecer, esas revoluciones deberán extenderse a los centros del imperialismo mundial, señalando la necesaria perspectiva de la revolución obrera en Estados Unidos y Canadá.
La LCI lucha por construir partidos obreros revolucionarios e internacionalistas —parte de una IV Internacional reforjada—que vinculen las luchas obreras de las semicolonias con las de los países imperialistas. Esta perspectiva, que Trotsky señaló en “La guerra y la Cuarta Internacional” (1934) conserva hoy toda su fuerza:
“Sud y Centroamérica sólo podrán liquidar el atraso y la esclavitud uniendo sus estados en una única y poderosa federación. Pero no será la atrasada burguesía sudamericana, agencia totalmente venal del imperialismo extranjero, quien cumplirá esta tarea, sino el joven proletariado sudamericano, llamado a dirigir a las masas oprimidas. Por lo tanto, la consigna que debe guiar la lucha contra la violencia y las intrigas del imperialismo mundial y contra la sangrienta dominación de las camarillas compradoras nativas es Por los estados unidos soviéticos de Sud y Centroamérica.
“En todos lados el problema nacional se mezcla con el social. Sólo la conquista del poder por el proletariado mundial garantizará la paz real y duradera para todas las naciones del planeta”.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/45/mineras.html
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2016.06.07 02:44 ShaunaDorothy Conforme los imperialistas estadounidenses aprietan el cerco a China - Los estalinistas vietnamitas alimentan el frenesí antichino ¡Por la revolución política obrera de Hanoi a Beijing! (Octubre de 2014)

https://archive.is/e9XI7
Espartaco No. 42 Octubre de 2014
Durante varios días a mediados de mayo, más de 20 mil vietnamitas ondeando banderas y blandiendo barras de metal causaron destrozos por los parques industriales del centro y el sur de Vietnam. Dieron caza a obreros chinos e incendiaron fábricas de propiedad china y de otros países, gritando: “¡Somos vietnamitas!”. Estos desmanes fueron el punto álgido de una serie de protestas antichinas que abarcaron al menos 22 de las 63 provincias de Vietnam, dejando 20 muertos y casi 100 heridos. Beijing envió una pequeña flota para evacuar a sus connacionales. Tratando de impedir que los inversionistas extranjeros abandonaran el país, los burócratas estalinistas vietnamitas procedieron a jalar las riendas del frenesí antichino que habían desatado.
La razón expresa de estos sangrientos motines nacionalistas fue el despliegue por parte de China de una plataforma de perforación petrolera para aguas profundas, de mil millones de dólares, cerca de las Islas Paracelso, a medio camino entre Vietnam y China. Vietnam también movilizó a su armada y a su guardia costera para encarar a las cerca de 80 naves chinas que acompañaban a la plataforma, lo que resultó en choques y escaramuzas periódicas entre ambos países.
Lo que está detrás de esta confrontación es que el gobierno vietnamita se ha alineado directamente con Estados Unidos en la campaña de los imperialistas para cercar a China, el más poderoso de los países que quedan donde el dominio capitalista-imperialista fue derrocado. La burocracia estalinista china está tratando de echar atrás los intentos estadounidenses de dominar el Mar de China Meridional. Un componente crucial de la estrategia estadounidense es tender lazos más estrechos con Vietnam, que, al igual que China, es un estado obrero burocráticamente deformado. Hoy, la guardia costera vietnamita está parcialmente subvencionada por Estados Unidos, que junto con Japón también la entrena.
Las acciones vietnamitas tuvieron lugar tras la gira asiática de Obama que, como señaló CNN, no se trató más que de “China, China, China”. Aunque Obama no logró asegurar compromisos firmes de ingreso al Acuerdo Transpacífico —el intento estadounidense de crear un bloque económico asiático dirigido contra China—, el jefe imperialista sí tuvo éxito en el área militar. En Japón, expandió los parámetros del añejo tratado de seguridad japonés-estadounidense para incluir las islas Diaoyu/Senkaku del Mar de China Oriental, un vínculo de importancia estratégica en el perímetro militar de China. Apoyamos el reclamo de China de estas islas contra el Japón imperialista (ver “U.S., Japanese Provocations in East China Sea” [Provocaciones de Japón y EE.UU. en el Mar de China Oriental], WV No. 1041, 7 de marzo).
En las Filipinas, una neocolonia de EE.UU., el Comandante en Jefe estadounidense firmó un nuevo pacto militar de diez años que le permitirá a las tropas, naves y aviones estadounidenses un mayor acceso a las bases ahí. Con el gobierno malayo se estableció una nueva “colaboración amplia” que incluye el reforzamiento de la “seguridad” y la cooperación en áreas de “defensa”. Exigimos el retiro de todas las bases y de los 80 mil efectivos estadounidenses de toda la región del Pacífico asiático, como parte de la lucha por movilizar a la clase obrera estadounidense contra sus propios explotadores y las depredadoras aventuras militares imperialistas.
Vietnam se une al eje estadounidense contra China
Hace cuatro décadas, los heroicos obreros y campesinos vietnamitas humillaron al imperialismo estadounidense en el campo de batalla en una revolución social victoriosa contra el dominio de los terratenientes y los capitalistas. El costo fue elevado: casi tres millones de vietnamitas murieron y muchos más quedaron lisiados. Hasta la fecha, Vietnam sufre de un alto índice de malformaciones congénitas debido a las millones de toneladas del defoliante Agente Naranja que arrojaron los aviones estadounidenses. Vengativo, Estados Unidos impuso un embargo hambreador que no se levantó sino hasta finales de los años 90.
Es una amarga ironía el que hoy Vietnam esté actuando de común acuerdo con el imperialismo estadounidense en contra de China. El reacercamiento diplomático de los estalinistas vietnamitas con Washington es producto del aislamiento del país tras la destrucción contrarrevolucionaria de la Unión Soviética, así como de las constantes presiones de la pobreza y la histórica enemistad mutua entre Vietnam y China, su vecino mayor y más fuerte. Este reacercamiento comenzó con la visita del demócrata Bill Clinton a Vietnam en 2000, la primera de un presidente estadounidense desde la derrota imperialista. Siguiendo los pasos de su marido, diez años después Hillary Clinton declaró durante una reunión de los estados miembros de la ANSA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), celebrada en Hanoi, que EE.UU. tiene un “interés nacional” en el Mar de China Meridional. Desde entonces, los lazos diplomáticos, económicos y militares de Estados Unidos con Vietnam han aumentado. Se informó que durante el motín antichino que ocurrió en el parque industrial Binh Duong, en las afueras de Ciudad Ho Chi Minh, una planta de electrónica en la que ondeaban las banderas estadunidense y vietnamita no fue tocada.
El primer ministro vietnamita Nguyen Tan Dung ha llamado a Estados Unidos a desempeñar un papel más contundente en la región. Altos mandos militares de ambos países se han reunido y los barcos de guerra estadounidenses ya tienen permiso de usar los puertos vietnamitas. En una visita a Washington en julio de 2013, el presidente vietnamita Truong Tan Sang y Obama anunciaron una asociación amplia estadunidense-vietnamita que, en palabras de East Asia Forum (6 de agosto de 2013), le dará a Vietnam “más confianza —y sin duda más opciones— al enfrentar a China en el Mar de China Meridional”.
Para cimentar el acuerdo, en diciembre John Kerry prometió 18 millones de dólares en nueva ayuda para ampliar la capacidad de las patrullas costeras, empezando con el entrenamiento y aprovisionamiento de cinco buques patrulla rápidos de la guardia costera vietnamita. El 20 de mayo, Vietnam se sumó a la Iniciativa de Seguridad Contra la Proliferación, creada por George W. Bush, que permite a los estados miembros detener cualquier embarcación que lleve carga “a un destinatario que pueda dañar a Estados Unidos u otro país”.
Las medidas estalinistas benefician al imperialismo
Caracterizar a China y a Vietnam como estados obreros deformados significa que la economía de ambos países se basa en formas de propiedad colectivizadas, que hicieron posible un tremendo salto en los estándares de vida y las condiciones sociales de las masas trabajadoras. Pero, al mismo tiempo, la clase obrera no posee el poder político, no controla la producción y no decide la política internacional. Estamos por la defensa militar incondicional de estos países contra el imperialismo y la contrarrevolución, mientras luchamos por una revolución política obrera que eche a las castas burocráticas parasitarias.
Formadas y organizadas sobre una base nacional, las burocracias de cada estado obrero deformado procuran maximizar sus propios privilegios económicos y su control político de la sociedad. El dogma antimarxista del “socialismo en un solo país”, que Stalin postuló originalmente en 1924 como la ideología de la burocracia conservadora que se consolidaba en la Unión Soviética, está en la raíz misma de las medidas nacionalistas de todos los regímenes estalinistas. Con la esperanza de aplacar a las potencias imperialistas, Stalin fue alejando a los partidos comunistas en todo el mundo de cualquier lucha por derrocar a sus propios gobernantes y los condujo a presionar a esos mismos gobernantes a que “coexistieran” pacíficamente con la URSS. La misma política suicida la comparten hoy Beijing y Hanoi, y los lleva periódicamente a alinearse con potencias imperialistas conforme los burócratas procuran defender el “socialismo” de su propio país a expensas de otros estados obreros.
A finales de los años 50 y durante todos los 60, el antagonismo entre la Unión Soviética y Beijing creció hasta convertirse en una escisión total. Entre las traiciones que marcaron esta escisión estuvo la entrega por parte del Kremlin de aviones de combate MiG a la India capitalista durante la guerra fronteriza que ésta tuvo con China en 1962, así como el que China interrumpiera ocasionalmente el flujo de la ayuda soviética a Vietnam durante la guerra de éste con Estados Unidos. Mao declaró que el “socialimperialismo soviético” era su enemigo principal, lo cual le hacía el juego al objetivo estratégico de los gobernantes estadounidenses de destruir al estado obrero degenerado soviético, entonces el principal obstáculo a la dominación mundial por parte de EE.UU. La posición del Partido Comunista Chino lo llevó a una alianza antisoviética con el imperialismo estadounidense, sellada con la visita de Richard Nixon a China en 1972, durante la cual brindó éste con champaña con Mao mientras EE.UU. aumentaba sus bombardeos a Vietnam y sembraba de minas el puerto de Hai Phong.
En 1979, China invadió Vietnam, fungiendo como peón del imperialismo estadounidense. La invasión tuvo lugar en la secuela de la visita del líder chino Deng Xiaoping a Estados Unidos en busca de inversión extranjera. Recientemente los estalinistas chinos han trabajado mano a mano con los imperialistas para fijar sanciones a Corea del Norte en castigo por haber puesto a prueba su sistema de armas nucleares. Con medidas como ésa, las burocracias estalinistas minan peligrosamente la defensa de las conquistas sociales de las revoluciones que derrocaron el dominio capitalista.
Un ejemplo de cómo la burocracia vietnamita promueve el reaccionario chovinismo antichino entre los obreros y campesinos fue una ceremonia celebrada por vez primera en Hanoi en enero para protestar por la toma de las Islas Paracelso por China en 1974. Tradicionalmente, este aniversario era conmemorado por los emigrados contrarrevolucionarios vietnamitas en ultramar, resentidos porque China le arrebató las islas al gobierno capitalista de Vietnam del Sur, un títere de Estados Unidos. Sin embargo, este año los manifestantes corearon en Hanoi consignas antichinas, mientras dejaban flores a los pies de la estatua del emperador del siglo XI Ly Thai To.
Tratando de explicar cómo es que dos países “comunistas” pueden enfrentarse en un conflicto militar, el 22 de mayo el Workers World Party (WWP, Partido Mundo Obrero) escribió una editorial completamente en línea con su tradición estalinoide y su liberalismo totalmente antimarxista. Sobre la base de que China es una “potencia” y Vietnam un “país relativamente pequeño y subdesarrollado”, llaman a China “a dar el primer paso para reducir esta crisis”. Aunque dice defender a ambos países contra el imperialismo y la contrarrevolución capitalista, el WWP no reconoce el hecho de que Vietnam le está tendiendo la mano a Estados Unidos conforme éste aprieta el nudo en torno a China. Usando un lenguaje común a todo el mundo, desde los derechistas neoconservadores hasta Obama y los socialdemócratas anticomunistas, el WWP le exige a China “borrar todo rastro de dominación de gran potencia”. Negándose a distinguir entre los estados obreros y sus gobernantes burocráticos que tratan de conciliarse con el imperialismo, el WWP no puede sino rogarle a los estalinistas que hagan lo correcto.
Si los imperialistas consiguen transformar nuevamente a China en una gran maquiladora mediante la contrarrevolución capitalista, ello le daría una inyección de adrenalina a todo el decadente sistema imperialista de ganancias. Tanto el cerco militar como la penetración económica desempeñan un papel en el cumplimiento de ese fin. El “socialismo con características chinas” de Beijing ha significado dar un impulso a las empresas avocadas a la producción de ganancias y la bienvenida a los inversionistas, tanto chinos de ultramar como imperialistas. Esas medidas han aumentado agudamente la desigualdad y favorecido el crecimiento de las fuerzas capitalistas al interior de China.
Sin embargo, el impacto de la inversión imperialista en China y Vietnam es contradictorio: el crecimiento económico ha aumentado el ingreso y ha producido el crecimiento significativo de un proletariado joven y urbano. Los burócratas de ambos países entienden que están sentados sobre un volcán de descontento social. Aunque no tiene la infraestructura ni la tecnología sofisticada de China, Vietnam cuenta con un proletariado vibrante y combativo que ha estado luchando contra los bajos salarios, la inflación, la creciente desigualdad y la corrupción de la burocracia, estallando más de 800 huelgas sólo en 2011. En muchos casos, sus explotadores son los mismos, como la manufacturera taiwanesa de zapatos deportivos Yue Yuen, que enfrentó la mayor huelga de China en décadas y que fabrica un tercio de su producción total en Vietnam.
Si en Beijing y Hanoi hubiera gobiernos obreros revolucionarios, el conflicto por las Paracelso se resolvería fácilmente; ambos países compartirían tecnología y cooperarían en el desarrollo de los recursos naturales del área, defendiéndose mutuamente del imperialismo. El programa trotskista de revolución política proletaria —el derrocamiento de las burocracias estalinistas y el establecimiento de gobiernos basados en consejos de obreros, campesinos y soldados— constituye la única defensa verdaderamente efectiva de estos estados y forma parte de la estrategia de revoluciones proletarias al nivel internacional para poner fin al orden imperialista.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/42/vietnam.html
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2016.06.05 18:17 ShaunaDorothy ¡Abajo la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales! ¡Por la liberación de la mujer mediante la revolución socialista! (1-2) (Septiembre de 2013)

https://archive.is/rirsn
Espartaco No. 39 Septiembre de 2013
Traducido de Spartacist South Africa No. 9 (invierno de 2013), publicación de la sección sudafricana de la Liga Comunista Internacional.
En diciembre de 2011, el gobierno presentó una nueva Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales. Esta ley otorgaría a los dirigentes tradicionales, encabezados por los jefes tribales, un poder legal sin frenos sobre 17 millones de habitantes negros de las áreas rurales, balcanizadas en torno al origen tribal sobre las mismas líneas promovidas durante el apartheid. Los jefes adquirirían el poder adicional de crear leyes, juzgar casos y dictar castigos —incluyendo desalojos y trabajo forzado sin paga—, frecuentemente sin posibilidad de apelación.
Las mujeres negras, las “esclavas de los esclavos”, son las que tienen más que perder con esta propuesta de ley, que se sumaría al sufrimiento causado por la abrumadora pobreza y la triple opresión. Las atrasadas prácticas tradicionales que oprimen a la mujer son muy extendidas: desde el lobola [precio de novia], la poligamia forzada y el ukuthwala (matromonio por rapto), hasta las pruebas de virginidad, todas ellas reforzadas por los líderes tradicionales. Con frecuencia, las mujeres no tienen el derecho de representarse a sí mismas en los tribunales tradicionales. En cambio, se les obliga a ser representadas por sus maridos u otros hombres de su familia.
Después de que el parlamento burgués discutió la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales a finales de 2012, el Congreso Nacional Africano (CNA) y el gobierno esparcieron la falsa idea de que la propuesta había sido retirada. Este método es frecuentemente utilizado para apaciguar la rabia en contra de las nuevas leyes que resultan particularmente impopulares (trucos similares fueron utilizados con la Propuesta de Ley para la Protección de la Información del Estado, que ya ha sido aprobada). La verdad es que la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales está actualmente siendo analizada por los gobiernos provinciales y aprobarla sigue siendo sin duda uno de los objetivos del gobierno de la Alianza Tripartita del CNA, el Partido Comunista de Sudáfrica (PCS) y el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU).
La propuesta de ley es parte del recrudecimiento de la represión estatal en respuesta al creciente descontento social. Para administrar el sistema capitalista del neoapartheid, los dirigentes de la Alianza se vieron obligados a recurrir a las mismas armas utilizadas por sus propios carniceros durante el apartheid. El gobierno encabezado por el presidente Jacob Zuma, en particular, ha optado por exacerbar los venenosos sentimientos tribales y el chovinismo contra los inmigrantes, refinando al mismo tiempo las herramientas más represivas del estado: masacres de huelguistas, brutalidad policiaca, estados de emergencia de facto, etc. El fortalecimiento de los jefes, de las divisiones tribales y de las atrasadas tradiciones es parte del paquete del dominio del neoapartheid.
La propuesta de ley también subraya una lección fundamental: las luchas de liberación nacional encabezadas por nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses son incapaces de garantizar derechos reales y duraderos para las mujeres. A lo largo de sus 101 años de historia, el programa y la política del CNA han estado guiados por el objetivo de engendrar una capa de capitalistas negros que pudiera participar en la explotación de “su propio pueblo” —una tarea que no querían dejar exclusivamente en las manos de los capitalistas blancos y extranjeros—. La interpenetración de los líderes del CNA con los jefes tribales y otros dirigentes tradicionales ha sido una parte integral de su programa, así como una indicación clara de que este partido representa al enemigo de clase de la liberación de los obreros, las mujeres y la mayoría negra oprimida en general.
Basta con ver el caso de Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela y miembro del CNA en el parlamento. Como jefe del consejo tradicional de Mvezo en la provincia de Eastern Cape se ha vuelto notorio por utilizar su puesto para enriquecer a su familia y suprimir críticas y desafíos, al tiempo que promueve el atraso más terrible para apuntalar su régimen despótico. En 2010, por ejemplo, defendió oficialmente la bárbara práctica “cultural” de secuestrar mujeres (particularmente las jóvenes) conocida como ukuthwala, declarando frente a un comité parlamentario sobre el desarrollo rural y la reforma agraria que: “para que una mujer sea desposada a través del ukuthwala, el proceso no tiene nada que ver con la edad. Si quieren discutir sobre la cultura, no traten siquiera de mencionar nociones blancas porque eso pondría todo de cabeza”. En 2011, tres de los “súbditos” de Mandela en Mvezo lo llevaron a juicio después de que ordenó que fueran desalojados de su tierra ancestral, en la que enterraban a sus muertos, para dar paso a que los desarrolladores capitalistas construyeran un hotel y un estadio.
La ideología nacionalista burguesa ha relegado siempre a las mujeres al papel de “productoras de bebés” y sirvientes de los hombres. Los capitalistas y sus lacayos son enemigos de la liberación de la mujer. Como marxistas revolucionarios, ateos y combatientes por la liberación de la mujer, nos oponemos fervientemente a la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales y tratamos de unir la lucha contra esta propuesta reaccionaria con la lucha necesaria más amplia en contra del sistema capitalista de explotación entero. La lucha por la liberación de la mujer es inseparable de la lucha por la revolución socialista, y ambas requieren un combate por que la clase obrera rompa con la influencia del nacionalismo burgués en el proceso de forjar un partido leninista que actúe como tribuno del pueblo. La clase obrera en su conjunto tiene un interés vital en detener esta reaccionaria propuesta de ley, que también será utilizada para sofocar aún más cualquier lucha en contra del régimen del neoapartheid.
Los jefes tribales: Herramientas de la racista opresión capitalista
La vida para las masas negras en los antiguos bantustanes es un infierno, particularmente para las mujeres; los dirigentes tradicionales desempeñan un papel central en imponer esta miseria y mantener a la población a raya. Estudios realizados por el Rural Women’s Movement [Movimiento de Mujeres Rurales] han descubierto casos en pueblos rurales de KwaZulu-Natal en los que los padres de mujeres embarazadas fuera del matrimonio son obligados a pagar multas a los jefes tribales de hasta mil rands o una vaca. Cuando no se pagan las multas, los jefes tribales les quitan a las familias el “derecho” de enterrar a sus seres queridos. Hay un desenfreno de abusos despóticos de todo tipo, incluida la continua imposición de “impuestos” arbitrarios para financiar el estilo de vida parasitario de los dirigentes tradicionales.
Una de las prácticas más brutalmente opresivas y atrasadas llevadas a cabo contra las mujeres en nombre de la tradición es la mutilación genital femenina (MGF), también conocida como la circuncisión femenina. Frecuentemente acompaña a la circuncisión masculina en sociedades donde la cultura busca marcar una aguda distinción entre sexos/géneros cuando los niños alcanzan la pubertad, y continúa siendo practicada en partes de la Sudáfrica rural, aunque el gobierno no reconoce su existencia. La MGF es un crimen horrendo contra las mujeres, que debe ser rechazado de forma categórica e incondicional. En contraste, la circuncisión masculina, cuando es realizada bajo condiciones médicas adecuadas, deja deformaciones infinitamente menos serias. Sin embargo, decenas de niños sudafricanos mueren cada año como resultado de circuncisiones mal realizadas en las escuelas de iniciación tradicionales. Esto subraya la férrea hostilidad de los líderes tradicionales a los avances tecnológicos occidentales en la medicina y la poca importancia que le dan a la vida de los negros. En mayo de este año, más de 20 niños murieron en tan sólo una semana en la provincia de Mpumalanga. La ministro provincial de “salud” Matshego Dlamini, del CNA, ¡justificó grotescamente esta situación y explicó su negativa a intervenir al decir: “Esta es una tradición; como mujer, yo no puedo ir. Muertos o no, es una tradición”!
El puesto de jefe tribal es bastión de la reacción, remanente de una sociedad precapitalista, que sobrevivió gracias a la amplia colaboración con los antiguos gobernantes coloniales y del apartheid. A lo largo del sur de África, los jefes luchan a capa y espada para negarle a las mujeres el derecho al aborto y otros derechos democráticos esenciales. Entre los jefes tribales y el gobierno del CNA hay una interpenetración importante. Esto ayuda a los jefes a incrementar su poder y riqueza, y éstos, a su vez, desempeñan un papel muy importante reprimiendo a la población rural negra y llevándola como ganado a votar por el CNA.
En un discurso de 2012 en la Cámara Nacional de Líderes Tradicionales en defensa de la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales, Zuma arremetió contra los intelectuales negros que han criticado la propuesta: “Hay africanos que se han vuelto muy listos y toman una posición (en la que) se vuelven de lo más elocuentes criticándose a sí mismos por sus tradiciones y todo lo demás”. Zuma, cuyo gobierno había masacrado 34 mineros negros en huelga tan sólo unos meses atrás para defender las ganancias de la británica Lonmin Platinum, continuó demagógicamente: “Resolvamos los problemas africanos a la manera africana, no a la manera del hombre blanco”. De hecho, la Propuesta de Ley sobre los Tribunales Tradicionales le debe mucho a la tradición de los gobernantes blancos —desde los imperialistas británicos en el periodo colonial hasta los nacionalistas afrikaner durante el apartheid— que aprovecharon y reforzaron los aspectos más retrógrados de la cultura tribal y tradicional para apuntalar sus regímenes y acumular ganancias gracias al sudor y la sangre de las masas negras.
Un ejemplo perfecto es la Ley de Administración Nativa de 1927, que creó tribunales supremos, civiles, de divorcio y de apelación bajo control de los jefes y líderes tribales, reforzando e imponiendo divisiones tribales sobre la población negra. Esa ley codificó el estatus de menor de edad asignado a las mujeres por las costumbres tradicionales, decretando: “Una mujer negra...que forma parte de una unión tradicional y que vive con su marido será considerada una menor y su marido será considerado su guardián”. Esta ley fue parte de una serie implementada por los gobernantes británicos en su campaña por arraigar el sistema de trabajadores migrantes: la Ley de Amos y Sirvientes, las Leyes de Tierras Nativas a partir de 1913, la Ley de Áreas Urbanas y diversas Leyes de Pases e Impuestos Comunitarios, utilizadas todas para arrebatarle a los negros su tierra y crear una fuente de mano de obra negra barata y sin derechos.
Después de llegar al poder en las elecciones de 1948, el gobierno del Partido Nacional refinaría este sistema racista y lo llevaría a nuevos extremos bajo el apartheid. Como señala “‘One Chief, one vote’: The revival of traditional authorities in post-apartheid South Africa” (“Un jefe, un voto”: el resurgimiento de las autoridades tradicionales en la Sudáfrica del postapartheid, African Affairs, 1997): “Las reservas africanas en el campo desempeñaron un papel crucial en los intentos del gobierno por establecer un control más estrecho sobre la mano de obra africana... En los pueblos africanos, la administración de los pases y de las oficinas laborales, donde había que renovar anualmente los permisos, era responsabilidad del jefe tribal”.
El sistema de trabajadores migrantes era el corazón del apartheid: los negros sudafricanos fueron reducidos al nivel de extranjeros desposeídos en su propio país y los estados negros vecinos a colonias laborales para las minas, las fábricas y las granjas de Sudáfrica. Miles de obreros, mutilados de por vida mientras trabajaban para la clase dominante blanca, eran arrojados de vuelta a los bantustanes. La peor parte de este sistema se la llevaban las mujeres relegadas a las “patrias”, sumergidas en niveles inenarrables de pobreza.
El sistema de trabajadores migrantes y la superexplotación de la fuerza de trabajo mayoritariamente negra siguen en la base del sistema capitalista de la “nueva Sudáfrica”, sólo que ahora la Alianza Tripartita dirigida por el CNA es la que desempeña el papel de supervisor negro al servicio de la clase dominante, que sigue siendo predominantemente blanca. Este hecho, así como el papel de los dirigentes tradicionales en este sistema, fue subrayado por David van Wyk, un investigador de la Bench Marks Foundation que señaló en entrevista con Amandla! (septiembre de 2012): “Un gerente de personal de Angloplats me dijo que están utilizando concejales y jefes locales como encargados de reclutamiento. Una mujer me dice que fue a cinco entrevistas y en todas le pidieron sexo, y en todas se negó y en ninguna obtuvo el trabajo. [Es como] lo que decían de la Kenya post-colonial, que ‘los contratos son firmados sobre los muslos de las mujeres’”.
Como comunistas, buscamos erradicar el sistema inherentemente racista de trabajadores migrantes. Esto implicaría, por una parte, inversiones masivas para promover el desarrollo económico y social de las áreas rurales aquí y en los países vecinos. También implicaría un importante programa para proporcionar vivienda accesible y de calidad para todos en las ciudades y otras áreas en las que la industria actualmente está concentrada, incluidas viviendas decentes para que los trabajadores y sus familias vivan cómodamente. Los capitalistas y su gobierno no van a hacer nada por el estilo, porque no sirve a sus intereses de clase. Lo que se necesita es un gobierno obrero centrado en los negros, parte de una federación socialista del sur de África, para construir una economía socialista planificada en la que la producción esté organizada para servir a los intereses de la mayoría y no a las ganancias de una minoría asquerosamente rica.
Los dirigentes del COSATU nunca han combatido en lo fundamental el sistema de trabajadores migrantes o su contraparte, el “servicio doméstico” en Sudáfrica para las mujeres africanas que han logrado salir de la desolación de las áreas rurales. No es accidental; al contrario, es la conclusión lógica de su traicionera política de colaboración de clases, que ata a la clase obrera al CNA nacionalista burgués a través de la Alianza Tripartita. En la lucha contra el sistema de trabajadores migrantes es indispensable combatir políticamente a los jefes sindicales colaboracionistas de clase.
La erradicación del sistema de trabajadores migrantes está también íntimamente relacionada con la cuestión de la tierra, un tema candente al centro de la desposesión de la mayoría no blanca. A un siglo de la Ley de Tierras Nativas de 1913, la minoría blanca todavía posee más del 70 por ciento de la tierra rural arable y de la urbana. Nosotros luchamos por la expropiación de las grandes granjas en manos blancas y por su transformación en granjas colectivas y estatales bajo dominio obrero. Gran parte de la tierra restante en las áreas rurales está ahora bajo control de los jefes tribales, como resultado de la Ley de Derechos sobre la Tierra Comunitaria de 2004, que les otorgó control sobre la tierra de sus súbditos. Un gobierno obrero centrado en los negros pondría fin a los privilegios y el poder de estos déspotas rurales.
Durante la fundación en 1912 del CNA (llamado inicialmente Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica), un número considerable de delegados eran jefes tribales, lo que llevó a la creación de una “Cámara Alta” para acomodar a los líderes tradicionales que se habían unido a la organización. Junto con los intelectuales, los abogados y otros representantes de la pequeña burguesía negra que formó el CNA, los jefes tribales tenían como principal objetivo rogar a los gobernantes coloniales británicos que les dieran la posición privilegiada de aristocracia negra dentro del sistema de dominio capitalista blanco. Por ejemplo, durante su fundación en 1912, ¡el CNA trazó como uno de sus cinco objetivos básicos “promover el entendimiento entre los jefes, lealtad a la corona británica y a todas las autoridades legales y promover el entendimiento entre los sudafricanos blancos y negros”!
Posteriormente, el CNA adoptaría una fachada más populista para atraer el apoyo de las masas, ejemplificada por el Freedom Charter [Carta de la Libertad] de 1955, un programa populista burgués. Esto se debió en gran medida a la negativa por parte de los gobernantes blancos de conceder siquiera las concesiones más limitadas, incrementando en cambio la represión contra cualquier forma de actividad política negra independiente, incluyendo, para inicios de la década de 1960, declarar al CNA y otras organizaciones nacionalistas negras como ilegales. Al mismo tiempo, los gobernantes del apartheid buscaron cooptar a los jefes tribales y utilizarlos para vigilar a la población negra a través del odiado sistema de los bantustanes. En su enorme mayoría, los jefes colaboraron voluntariamente, un hecho que produjo considerable hostilidad contra los jefes entre las bases del movimiento del Congreso dirigido por el CNA y otras alas del movimiento contra el apartheid.
Algunas de las expresiones más agudas de esta hostilidad tuvieron lugar en la década de 1980, al tiempo que huelgas masivas de sindicatos negros y revueltas en los townships sacudían al país. Sin embargo, los llamados de los dirigentes del CNA a “hacer ingobernable el país” nunca tuvieron como objetivo lanzar una lucha para derrocar a los odiados gobernantes del apartheid; por el contrario, los dirigentes nacionalistas estaban explotando cínicamente la combatividad de las masas para intentar presionar a los gobernantes blancos a negociar un acuerdo. Al mismo tiempo, buscaron restablecer los lazos con los líderes tradicionales que habían colaborado con el gobierno del Partido Nacional, intentando proporcionarles credenciales “liberadoras” a través de la creación de una mitología sobre la resistencia de los líderes tribales al apartheid. En 1987, el CNA lanzó CONTRALESA (Congreso de Líderes Tradicionales) como una organización de jefes tribales “progresistas”, anunciada como “los jefes de vuelta entre el pueblo”. Desde que llegó al poder en 1994 tras el acuerdo con los gobernantes blancos, el gobierno de la Alianza Tripartita ha estado a cargo de administrar el mismo sistema de extracción de ganancias de antes. Simplemente heredaron las estructuras que existían bajo el apartheid.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/39/tribunales.html
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